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La organización internacional Human Rights Watch (HRW) acusó al Estado mexicano de encubrir a militares presuntamente violadores de derechos humanos, pues pese a que se iniciaron 20 procesos penales, señaló, sólo hay una condena por esos actos.

En su quinto informe sobre México, que ayer presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), HRW señala que a partir del día en que el presidente Felipe Calderón asignó a miles de soldados a la lucha contra el narcotráfico, se ha registrado “un drástico incremento” de las denuncias de abusos militares.

Detalla que entre 2007 y 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México recibió 3 mil 388 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por militares y concluyó que en al menos 38 de esos casos los responsables de los abusos fueron militares.

La mayoría de esos crímenes, añade, han quedado impunes debido a que “el sistema de justicia militar mexicano, que carece de independencia e imparcialidad, asume sistemáticamente la investigación de incluso los abusos más aberrantes, como presuntas violaciones sexuales, ejecuciones, detenciones arbitrarias y tortura, al adoptar una definición excesivamente amplia de qué constituye un ‘acto de servicio’”.

De acuerdo con HRW, la impunidad se origina a partir de que “el secretario de la Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas; los jueces militares no gozan de la garantía de estabilidad en el cargo; el control civil de las decisiones de los tribunales militares es muy limitado, y prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares”.

De 2000 a 2009, agrega, se iniciaron 20 procesos penales contra militares por violaciones de derechos humanos, pero hasta el momento se ha dictado sentencia en seis de estos casos.

No obstante, anota, sólo tres soldados han sido condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Calderón. Y más: una de estas condenas estuvo relacionada con un accidente automovilístico y otra fue revertida por un tribunal militar de apelación, por lo que sólo un caso “constituye una condena por violaciones de derechos humanos: el de un soldado que fue condenado a nueve meses de prisión por haber disparado y asesinado a un civil en un retén militar”.